Luego de varios meses de trabajo durante los cuales se realizó una diversidad de investigaciones y análisis por parte de los ministerios e instituciones competentes (MARN, MPSAS, CIV y la Unidad Socio-Ambiental del MEM), que sirvieron de insumos para respaldar que mina Marlin opera acorde a los más altos estándares nacionales e internacionales, lo cual desvirtuó los señalamientos de contaminación. Derivado de ello, la CIDH decidió modificar las medidas cautelares de mina Marlin, sobre la cual ya no aplica una suspensión de operaciones.
