Durante el proceso de la CIDH Montana Exploradora presentó informes y evidencias al Gobierno de Guatemala que desvirtuaron los señalamientos de contaminación.
Guatemala, 20 de julio de 2011. El Ministerio de Energía y Minas emitió el 8 de julio del presente año, la Resolución No. 0104, en la que establece claramente que “…no existe causal para suspender operaciones de Marlin I”, luego de ser analizada la información vertida por diferentes instancias de Gobierno, tras las pruebas de descargo que presentara Montana Exploradora de Guatemala.
Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, resolvió tomar medidas cautelares en mayo 2010, respecto a supuestas contaminaciones provocadas por la mina Marlin, Montana proporcionó informes y evidencias que desvirtuaban los señalamientos, demostrando contundentemente que la mina no representa, ni representaba, un riesgo de daño irreparable al ambiente y a la vida de los miembros de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.
De tal cuenta que el Gobierno de Guatemala ofreció atender las peticiones de la CIDH a través del proceso ad hoc contemplado en la Ley de Minería, el cual recayó bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, MEM.
“Luego de varios meses de trabajo durante los cuales se realizó una diversidad de investigaciones y análisis por parte de los ministerios e instituciones competentes (MARN, MPSAS, CIV y la Unidad Socio-Ambiental del MEM), se llevó a cabo una serie de audiencias que derivaron iniciativas complementarias (como la instalación de la Mesa de Diálogo para San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa), que sirvieron de insumos para emitir el dictamen del MEM, que respalda de forma oficial, lo que la compañía siempre sostuvo: que mina Marlin y todos los colaboradores de Goldcorp en Guatemala operamos a todo nivel acorde a los más altos estándares nacionales e internacionales”, comentó Mario Marroquín R., Director Ejecutivo.
Adicionalmente, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), esta semana hará llegar un informe a la CIDH donde adjunta la Resolución del MEM como sustento y base para la decisión del Gobierno de Guatemala de no suspender las operaciones en mina Marlin.
Desde 2003, en estricto apego al ordenamiento jurídico Constitucional, Montana obtuvo la licencia de explotación minera y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social requerida para el proyecto. A partir de entonces, el MEM y el MARN, han monitoreado las actividades realizadas en la mina, cuyos informes han determinado que las operaciones mineras son llevadas a cabo en concordancia con las normas requeridas. A la fecha NINGÚN informe oficial de monitoreo, seguimiento y control ambiental ha evidenciado contaminación de ríos o fuentes de agua aledañas a la mina.
Montana siempre ha sido respetuosa del Estado de Derecho, así como cuidadosa en observar diversas y exitosas medidas para salvaguardar el ambiente y las condiciones sociales en el área de explotación de mina Marlin.